El sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, violó la ley y creó “un riesgo sustancial para la integridad electoral” cuando incautó más de 650,000 boletas, dictaminó la Corte Suprema de California el jueves pasado por la mañana.
Los magistrados resolvieron por unanimidad que Bianco debe devolver las boletas a la máxima autoridad electoral del condado y “abstenerse de seguir manipulándolas”. En un segundo fallo, la corte también determinó que Bianco violó la ley cuando ignoró las directrices del fiscal general del estado de posponer sus planes de ejecutar una orden de cateo para incautar las boletas en marzo pasado.
El argumento de Bianco “pasa por alto que permitir a las fuerzas del orden un acceso irrestricto a las boletas, o la posibilidad de manipularlas y contarlas en secreto con base en protocolos no regulados, crea en sí mismo un riesgo sustancial para la integridad electoral”, escribió la presidenta de la corte, Patricia Guerrero.
“No hay necesidad de introducir este riesgo, porque el Código Electoral ya contiene sus propios procedimientos integrales para el reconteo y examen de boletas, incluso con fines policiales, sin exponerlas a alteraciones o manipulación, a diferencia de la incautación ilegal que ocurrió en este caso”, señala el fallo.
Las dos derrotas judiciales del conservador agente de la ley, quien a principios de este año se postuló sin éxito a gobernador como republicano, representan una victoria legal y moral para los defensores del derecho al voto, quienes advirtieron que la incautación de boletas de Bianco podría servir de manual para otros agentes del orden de derecha que buscaran alterar el resultado de las próximas elecciones intermedias.
“Ya sea un sheriff en Riverside o el presidente de Estados Unidos, no permitiremos que nadie le quite a los californianos su voz en nuestra democracia”, dijo el fiscal general Rob Bonta en una conferencia de prensa poco después de que la corte diera a conocer sus fallos. “Para noviembre, estamos listos para lo que venga”.
Bianco compareció ante la Corte Suprema de California en agosto para argumentar que una orden de cateo obtenida de un juez políticamente afín era justificación suficiente para llevarse las boletas, pese a que una ley estatal prohíbe retirar boletas, impugnadas o no, de la custodia de los funcionarios electorales.
El mes pasado, los magistrados expresaron distintos grados de escepticismo sobre ambos argumentos, a los que calificaron de “extraños” y “más que contraintuitivos”.
“En resumen, los argumentos de Bianco no nos convencen de que debamos interpretar (la ley electoral de California) de una manera incompatible con su texto expreso, que ordena que las boletas emitidas permanezcan bajo la custodia de los funcionarios electorales”, escribió Guerrero.
Bianco publicó un video en redes sociales en el que dijo que evaluaba opciones para apelar, incluso ante tribunales federales. También envió a sus simpatizantes un mensaje de recaudación de fondos de campaña en el que afirmó que Bonta había “logrado enterrar la verdad, por ahora”.
Su oficina incautó las boletas después de la elección especial de noviembre de 2025, en la que la mayoría de los votantes aprobó redibujar los distritos políticos del estado para favorecer a los demócratas. Como informó CalMatters poco después del operativo, lo hizo a instancias de integrantes del movimiento de “sheriffs constitucionales” y de otros activistas locales que señalaban aparentes discrepancias en los resultados electorales locales.
Los líderes demócratas de California aprobaron dos nuevas leyes tras la incautación, y el gobernador Gavin Newsom las firmó la semana pasada. Una convierte en delito grave incautar, u ordenar la incautación de, boletas, registros electorales o máquinas de votación antes de que se certifiquen los resultados. La otra amplía las leyes electorales vigentes y prohíbe retirar materiales electorales o máquinas de votación de la custodia de los funcionarios electorales.
Con el fallo, Bianco tendrá que devolver las boletas al registro de votantes. Pero es posible que el asunto aún no esté resuelto: en agosto, Bianco dijo que su oficina continuaría su investigación sobre la elección de 2025, sin importar lo que dictaminara la corte.
El fallo también resolvió si los jefes policiales locales rinden cuentas al fiscal general del estado. “Todos los argumentos (de Bianco) se reducen a la postura insostenible de que el principal funcionario de seguridad pública del estado … debe quedarse como mero espectador ante una investigación sin precedentes de un sheriff, de innegable trascendencia estatal”, resolvió la corte. “Como hemos explicado, no es así”.